Apoyos al Campo Mexicano: Lo que se Perdió y la Tormenta del Agua en 2025

Los escudos agrícolas de gigantes como EE.UU. y la UE; hoy, aterrizamos en México, donde el campo –que alimenta a 130 millones de almas y genera el 3.5% del PIB– ha vivido una montaña rusa de apoyos. Bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (y heredado por Claudia Sheinbaum), se eliminaron 24 programas clave que daban oxígeno a productores, dejando un vacío que hoy se siente en sequías, precios volátiles y deudas.

Sumémosle la crisis del agua: el 76% del recurso nacional se va a la agricultura, pero ineficiencias y una nueva ley la amenazan con colapsar. Vamos al grano, con datos frescos y sin adornos.

Los Apoyos que Desaparecieron: De la Certidumbre a la Improvisación

Desde 2018, el gobierno federal recortó subsidios heredados de administraciones previas, argumentando corrupción y desvíos millonarios. El resultado: un campo expuesto a coyotes, usureros y parafinancieras que se tragan tierras ejidales. Según un análisis reciente, López Obrador eliminó 24 programas distribuidos en secretarías clave, con un impacto brutal en comercialización, crédito e infraestructura.

 Estos no eran lujos: representaban hasta el 40% de los ingresos para pequeños productores, según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).Aquí un desglose de los más dolientes (agrupados por secretaría; las descripciones originales son escasas, pero su ausencia duele en el bolsillo):De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) – 14 programas perdidos:

• Apoyos a la comercialización y pequeños productores: Incluía seguros de precios y mercados garantizados, como el desaparecido ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), que cubría riesgos en maíz y frijol. Sin ellos, desde 2020, el CNA reporta caídas del 30% en ventas seguras.

  
  

• Agromercados Sociales y Sustentables, y Crédito Ganadero a la Palabra: Facilitaban ventas directas y préstamos sin garantías para ganaderos. Su fin dejó a 2 millones de cabezas de ganado sin respaldo.

• Infraestructura y sanidad: Programas como Mantenimiento de Infraestructura, Acciones Complementarias para Sanidades y Proyectos de Infraestructura Gubernamental. Sin ellos, canales de riego se pudren y plagas azotan sin control.

• Investigación y desarrollo rural: El Sistema Nacional de Investigación Agrícola y el de Información Rural Sustentable (repetidos en listas por su peso). Adiós a datos para siembras inteligentes; hola a cosechas a ciegas.

• Fomento a la ganadería y concurrencia con entidades: Bonos para calidad pecuaria y alianzas estatales, clave en estados como Chihuahua y Sinaloa.

De Hacienda (SHCP) – 7 programas:

• Créditos y garantías: Apoyos a promoción de crédito rural, reducción de costos, garantías líquidas y "reaseguro" agropecuario. La Financiera Rural, eliminada por "corrupción" en octubre de 2025, era el corazón: prestaba a tasas bajas a 3 millones de agricultores.

   Hoy, solo el 20% accede a financiamiento formal.

• Inversión de riesgo y capacitación: Para intermediarios rurales, vitales en pesca y agro.

De Sedatu y Semarnat – 4 programas:

• Fondos comunes agrarios, fideicomisos ambientales y estudios de preinversión. Sin ellos, expropiaciones se eternizan y la protección ecológica flaquea.

En su lugar, nacieron banderas como Producción para el Bienestar (que en mayo de 2025 se recortó en regiones como Tierra Caliente, dejando a campesinos con solo "Sembrando Vida").

 Pero críticos dicen que son paliativos: el presupuesto agrícola 2025 es de 200 mil millones de pesos, 15% menos que en 2018 ajustado por inflación.

El Tema del Agua: De la Escasez a la Incertidumbre Legal

El agua es el talón de Aquiles: México enfrenta una crisis hídrica que devora el 75.7% del recurso en agricultura, pero con un desperdicio del 65% por riego ineficiente (goteo vs. surcos obsoletos).

 Sequías en el norte y centro han secado 40% de presas, y la agricultura –motor de exportaciones por 50 mil millones de dólares– tiembla.

El detonante de 2025: la nueva Ley General de Aguas, enviada al Congreso en noviembre, que promete "ordenar" concesiones pero genera pánico. Argumentos en contra, es que elimina la transmisión de derechos de agua (no heredas ni vendes predios con su volumen asociado), destruyendo patrimonio familiar y continuidad productiva.

 "Golpe al financiamiento: sin certeza jurídica, la tierra pierde valor y la banca deja de prestar", advierte. Impone prórrogas semestrales y reportes anuales imposibles para Conagua, con un presupuesto raquítico de 36.7 mil millones para 2026 (vs. 130 mil recomendados por la ONU).

Protestas estallan: mega bloqueos en Chihuahua y Sonora por temor a "despojo", aunque el gobierno jura que "el pozo es tuyo, pero el agua nacional".

No hay subsidios directos a riego eliminados per se, pero la ley equivale a recortar de facto el acceso: 163 mil concesiones vencidas (de 536 mil revisadas) se "desprivatizan", recuperando 4 mil millones de m³ –cuatro veces el consumo de CDMX– vía devoluciones voluntarias de grandes usuarios.

 Un decreto de apoyo a pequeños productores (hasta 500 mil m³ vencidos post-2017) ofrece regularización en tres meses vía ventanilla digital, facilitando créditos y subsidios. Es un bálsamo, pero insuficiente: IA y agricultura inteligente urgen para ahorrar 2.8 mil millones de m³, como propone la Conagua.

Cierre: ¿Renacer o Resignación?

México perdió red de seguridad en un mar de promesas "para el bienestar", y el agua –ese oro azul– se convierte en campo de batalla legal. Con exportaciones agro en riesgo (EE.UU. ya negocia aranceles), urge un Farm Bill mexicano: inversión en riego tech y precios garantizados reales. Sheinbaum promete 950 dólares por tonelada de maíz en octubre, pero sin agua y apoyos, es pan de aire.

 ¿Solución? Diálogo en la COP30 y un presupuesto que no sea simulacro. El campo no espera: siembra o muere.