Crisis México-Perú: Presidente interino Jerí amenaza con irrumpir en embajada mexicana para capturar a Betssy Chávez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este 24 de noviembre de 2025 a las declaraciones del presidente interino de Perú, José Jerí, quien amenazó con ingresar a la embajada mexicana en Lima para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana asilada en esa sede diplomática. Sheinbaum advirtió que cualquier intervención en la embajada "violaría todas las leyes internacionales" y "estaría fuera de toda norma", recordando el precedente de la irrupción ecuatoriana en 2024 que generó una crisis regional. La mandataria enfatizó que el asilo concedido a Chávez es un derecho reconocido por las convenciones internacionales de derechos humanos y que su vulneración sería "muy grave".

Contexto del caso

Betssy Chávez Chino, de 35 años, fue la última primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras un fallido intento de autogolpe de Estado. Chávez, quien también ocupó cargos como ministra de Trabajo y Cultura, es acusada de rebelión por su presunta participación en los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo disolvió el Congreso y llamó a elecciones constituyentes, lo que llevó a su arresto inmediato.

El Poder Judicial de Perú dictó el 22 de noviembre de 2025 una prisión preventiva de cinco meses contra ella, argumentando incumplimiento de medidas cautelares previas, como inasistencias a audiencias y controles biométricos. Esta orden incluye su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Tras la notificación de la prisión preventiva, Chávez se refugió en la embajada mexicana en Lima el 3 de noviembre de 2025. México, fiel a su tradición de asilo político (arraigada en principios humanistas desde la época de Lázaro Cárdenas), evaluó su solicitud y le concedió asilo diplomático bajo la Convención de Caracas de 1954. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana argumentó irregularidades en el proceso judicial peruano contra Chávez, como posibles motivaciones políticas, y reiteró la petición de un salvoconducto para su traslado seguro a México.

Sin embargo, Perú ha rechazado esta solicitud, alegando que el asilo se usa de manera indebida para evadir la justicia.

¿Por qué Perú quiere allanar la embajada?

El gobierno de José Jerí, quien asumió como presidente interino tras una crisis política que destituyó a Dina Boluarte, ve el asilo a Chávez como una interferencia en sus asuntos internos y un acto "inamistoso" de México. Jerí, en una entrevista con El Comercio el 23 de noviembre, declaró que está "abierto a todo tipo de posibilidades" y que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará", priorizando el cumplimiento de un mandato judicial sobre los compromisos internacionales.

Esta postura responde a:

• Presión judicial y política interna: La fiscalía suprema peruana impulsó la prisión preventiva para evitar una posible fuga, y el Congreso peruano ya declaró a Sheinbaum "persona non grata" el 6 de noviembre por 63 votos a favor, acusándola de injerencia en la democracia peruana y de respaldar a Castillo, a quien México también defendió en 2023.

  
  

• Ruptura diplomática previa: Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025 por el asilo, sumándose a tensiones heredadas del gobierno de López Obrador, quien criticó el derrocamiento de Castillo como un "golpe de Estado". Esto ha escalado a una crisis mayor, con amenazas de retiro de embajadores y propuestas peruanas para reformar la Convención de Asilo en la OEA.

  
  

• Contexto regional: El caso evoca la invasión ecuatoriana a la embajada mexicana en 2024 para capturar a Jorge Glas, condenada por la OEA. Jerí rechaza acusaciones de persecución política, pero analistas señalan que Perú busca afirmar soberanía en medio de inestabilidad (seis presidentes en ocho años) y polarización post-Castillo.

  
  

A pesar de las amenazas, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano confirmó el 22 de noviembre que respeta las inmunidades diplomáticas, aunque la tensión persiste. México ha limitado el conflicto al ámbito diplomático, manteniendo lazos comerciales intactos, y ha recibido garantías de inviolabilidad de su sede.

 La OEA y otros actores regionales observan con preocupación, temiendo un nuevo quiebre en las relaciones latinoamericanas.