De concesión a permiso anual: cómo la nueva Ley General de Aguas pone en jaque al agro mexicano

La Nueva Ley General de Aguas (LGA) es una iniciativa legislativa presentada por el gobierno federal de México el 2 de octubre de 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

Esta propuesta busca reformar la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) y crear un marco normativo integral para la gestión del agua en el país, respondiendo a la crisis hídrica que afecta a México, donde se reportan sobreexplotación de acuíferos, escasez en comunidades y un uso ineficiente del recurso. El objetivo principal es fortalecer el derecho humano al agua potable, priorizando su uso para consumo humano y saneamiento sobre otros fines, y reafirmar la rectoría del Estado en la administración de las aguas nacionales, evitando que se trate como una "mercancía" o bien privado.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la ley promueve una gestión integral y sustentable, con énfasis en la equidad social y la transparencia.

 Incluye innovaciones como la creación de un Registro Nacional de Agua para el Bienestar, que permitirá un padrón más transparente de usuarios y usos del agua, y mecanismos para regular concesiones que eviten el acaparamiento por grandes industrias o particulares.

¿Cuáles serían los principales cambios?

La propuesta introduce transformaciones estructurales que podrían alterar el panorama hídrico del país.

 Aquí un resumen en tabla para mayor claridad:

Aspecto	Cambio propuesto	Impacto esperado
Concesiones de agua	Pasan de ser títulos permanentes (hasta 30 años) a permisos revocables anuales, sujetos a evaluación de cumplimiento y prioridad de uso.	Mayor control estatal, pero riesgo de inestabilidad para usuarios como agricultores.
Prioridad de uso	Absoluta para consumo humano y saneamiento; el agro y la industria quedan en segundo plano. Prohíbe ventas de agua como commodity.	Beneficia a comunidades marginadas, pero podría limitar extracciones para riego en zonas áridas.
Gobernanza	Centralización en Conagua; creación de consejos de cuenca con participación ciudadana, pero con veto federal.	Fortalece la rectoría nacional, afectando autonomía regional.
Transparencia y registro	Nuevo padrón nacional de usuarios; auditorías obligatorias para concesionarios.	Reduce corrupción en concesiones, pero genera burocracia adicional.
Sanciones y revocación	Facilita la cancelación de permisos por sobreexplotación o incumplimiento ambiental.	Previene abusos, pero agricultores temen arbitrariedad.

Estos cambios se discuten en audiencias públicas en el Congreso desde noviembre de 2025, con posibles ajustes antes de su aprobación.

 Expertos como Holland & Knight destacan que es un "paso histórico" para la sostenibilidad, pero advierten impactos en sectores como minería, refinerías y agroindustria.

Reclamos de la gente y agricultores a nivel nacional

La iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre agricultores, ejidatarios, organizaciones sociales y especialistas, quienes la califican de "regresiva" y "despojadora", argumentando que centraliza el poder en el gobierno federal sin considerar realidades regionales, como la dependencia de acuíferos en el norte del país. En audiencias públicas del 19 de noviembre de 2025, sectores productivos alertaron que deja en "indefensión" a miles de familias y pone en riesgo la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.

• Advertencias de estallido social: En Zacatecas, agricultores bloquearon carreteras el 12 de noviembre, advirtiendo un "estallido social" por la posible pérdida de patrimonio e infraestructura. Similar en Querétaro y Jalisco, donde amenazan con paros nacionales el 24 de noviembre si no se frena la ley.

• Críticas clave: Acusan que mantiene el sobreconcesionamiento a grandes empresas, profundiza la mercantilización y transforma concesiones en "permisos precarios" para controlar políticamente al campo.

   Líderes como Raúl Aragón Loya denuncian que Morena usará el agua como "mecanismo de control electoral", renovando permisos solo a quienes se "porten bien".

  @RaulAragonLoya

• Apoyo parcial: Algunos ven positivo el fin al negocio privado del agua, pero critican la falta de consulta real.

En redes como X, el descontento es viral: posts con miles de interacciones llaman a un "paro nacional" y destacan cómo la ley ignora concesiones irregulares a particulares mientras castiga a productores honestos.

Reclamos en Chihuahua

Chihuahua, un estado clave en producción agrícola (maíz, frijol, nuez) en zonas desérticas, es epicentro de protestas intensas. El 18 y 19 de noviembre de 2025, decenas de agricultores de Agricultores Unidos de Chihuahua irrumpieron con tractores en el Congreso local, realizando un plantón pacífico para exigir que diputados rechacen la ley.

 Mantas rezaban "No a la Ley de Aguas Nacionales" y "Quieren quitarnos los pozos", temiendo la eliminación de derechos históricos sobre pozos y el fin del traspaso de concesiones entre generaciones.

• Quejas específicas: Denuncian un rezago de más de 30 mil trámites en Conagua y que la ley afectaría a miles de familias, hundiendo el campo chihuahuense al prohibir presones y restringir extracciones en acuíferos sobreexplotados.

   El diputado Arturo Medina calificó la ley como un intento de "hundir al campo de Chihuahua".

  @ArribaElCampo

• Acciones: Piden a legisladores federales de Chihuahua votar en contra; en Namiquipa, ganaderos y agricultores confirmaron que ignora la producción en desierto.

   Continuarán protestas en el sur del estado si no hay diálogo.

• Contexto local: Chihuahua enfrenta sequías crónicas y concesiones irregulares pasadas (como las ligadas a exgobernadores), lo que amplifica el temor a más centralización.

El debate sigue abierto en el Congreso; mientras el gobierno defiende la ley como "justicia hídrica", el sector agro exige modificaciones para no sacrificar la producción.