Más de 50 políticos mexicanos pierden su visa por presuntos lazos con el crimen organizado

La revocación de visas se ha consolidado como una herramienta efectiva y legítima durante la administración de Donald Trump en su ofensiva frontal contra los cárteles de la droga y sus presuntos protectores políticos en México.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., las visas de funcionarios extranjeros pueden revocarse en cualquier momento cuando se detectan “actividades contrarias al interés nacional”.

Los principales motivos incluyen:

• Vínculos reales o sospechosos con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o cárteles (el motivo principal en esta ola de revocaciones).

• Corrupción o protección política a grupos criminales.

• Antecedentes penales, condenas o investigaciones en curso.

• Incumplimientos migratorios graves.

• Riesgo para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

A diferencia de administraciones anteriores que requerían condenas judiciales firmes, la estrategia actual permite actuar con mayor agilidad basándose en inteligencia, investigaciones y información clasificada. Esto genera un fuerte mensaje disuasorio y daño reputacional a quienes presuntamente colaboran con los cárteles.

¿A quiénes les han cancelado la visa en México?

El alcance de la ofensiva

Desde finales de 2025, Reuters y otros medios reportaron que Estados Unidos revocó visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría de Morena, aunque también de otros partidos. La cifra real podría ser mayor.

Casos más destacados confirmados o reportados:

• Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) y su esposo.

• Alfonso Durazo (gobernador de Sonora) — bajo investigación por presuntos vínculos.

• Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas) — similar situación.

• Alex Tonatiuh Márquez Hernández (exfuncionario del gabinete de Sheinbaum).

• José Luis Dagnino (alcalde de San Felipe, BC).

• Óscar Eduardo Castro Castro (alcalde de Puerto Peñasco, Sonora).

• Juan Francisco Gim (alcalde de Nogales, Sonora).

• Norma Bustamante (alcaldesa de Mexicali) y su esposo.

• Varios diputados, alcaldes y funcionarios de Coahuila, Tamaulipas y otros estados fronterizos.

Muchos de los afectados niegan las acusaciones y hablan de “motivaciones políticas”. Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene la opacidad como parte de su estrategia de inteligencia.

Esta política forma parte de la “guerra contra los cárteles” impulsada por Trump, que combina sanciones, presión diplomática y acciones directas. El objetivo es desmantelar no solo a los traficantes, sino también a sus presuntos aliados en los gobiernos locales y estatales que facilitan el paso de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

La visa se ha convertido en un arma diplomática efectiva: además de restringir viajes, expone públicamente posibles riesgos de corrupción. El caso más reciente es el de Brighite Granados (presidenta estatal de Morena en Chihuahua), quien atribuyó su cancelación a una multa de tránsito de hace 10 años.