Escoltas en Gobernantes: ¿Privilegio innecesario o garantía de estabilidad nacional?

En todas las épocas, los gobernantes han contado con personal encargado de proteger sus labores y traslados. Con el paso del tiempo, este esquema ha sido criticado por su elevado costo, pero es innegable que algunos funcionarios públicos requieren protección efectiva. El problema surge cuando figuras de bajo perfil o con funciones meramente administrativas —como regidores o directores de área sin incidencia en seguridad— viajan acompañados de escoltas policiales, lo que resulta injustificable y genera sospechas de uso indebido de recursos.

La necesidad real de seguridad se concentra en quienes enfrentan riesgos directos por su labor: alcaldes, gobernadores, fiscales, jefes de policía, secretarios de seguridad y el presidente. Estos cargos implican confrontar al crimen organizado, tomar decisiones de alto impacto o representar la autoridad del Estado. Un atentado contra ellos no solo afecta a una persona, sino que desencadena una crisis de gobernabilidad con repercusiones inmediatas en lo político, social y económico.

¿Por qué es indispensable proteger a ciertos políticos?

1. Estabilidad institucional: Un ataque a un gobernador o presidente genera psicosis colectiva, parálisis administrativa y desconfianza en las instituciones.

2. Impacto económico: Los inversionistas —nacionales y extranjeros— perciben inseguridad y retiran capital, provocando fugas masivas y depreciación de la moneda.

3. Efecto dominó en la delincuencia: El crimen organizado interpreta la vulnerabilidad de las autoridades como una señal de debilidad, lo que incentiva más violencia.

4. Repercusión mediática y en redes: En la era digital, un incidente se viraliza en minutos, amplificando el caos y erosionando la imagen del gobierno.

Incluso líderes que minimizan su protección por "no tener enemigos" ignoran que su cargo, por sí mismo, representa la estabilidad del sistema. No se trata de miedo personal, sino de prevenir un colapso social.

El error de la seguridad excesiva y mal gestionada

Es común ver a funcionarios de segundo nivel con escoltas armadas en eventos públicos, lo que proyecta arrogancia y desapego. Peor aún: muchos elementos de seguridad actúan con hostilidad hacia la ciudadanía, empujando, gritando o bloqueando accesos, lo que daña la imagen del político al que protegen.

Solución propuesta:

Cada equipo de seguridad debería incluir un coordinador de relaciones públicas que supervise el comportamiento de los escoltas, garantice el respeto a la población y gestione el contacto con ciudadanos en eventos masivos. La seguridad no solo debe proteger; también debe representar dignamente al gobernante.

Percepción pública: ¿cola que le pisen?La sociedad suele interpretar la presencia de escoltas como señal de corrupción o negocios turbios. Sin embargo, en cargos de alto riesgo, la protección es una medida preventiva de Estado, no un lujo personal. La clave está en la proporcionalidad:

•  Sí: presidentes, gobernadores, alcaldes en zonas de alto riesgo, fiscales antimafia.

•  No: regidores, directores administrativos, funcionarios sin exposición real.

Conclusión La seguridad de los líderes no es un capricho, sino una inversión en la estabilidad del país.

Un atentado no solo quita una vida: desata pánico, fuga de capitales y empodera al crimen. Pero esa protección debe ser inteligente, proporcional y respetuosa.

Un gobernante sin escolta puede parecer valiente; uno bien protegido —y con seguridad bien entrenada— es la diferencia entre un país funcional y uno al borde del caos.