Maru Campos: ¿Perseguida por combatir al narco o por desafiar al gobierno federal?

María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, se ha posicionado como una de las figuras más visibles y controvertidas de la oposición en 2026.

Desde abril, su gobierno enfrenta un intenso escrutinio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, derivado de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

¿Qué ocurrió exactamente?

En abril de 2026, autoridades estatales de Chihuahua, en coordinación con personal extranjero (reportado en diversos medios como agentes vinculados a la CIA o agencias de inteligencia estadounidenses), desmantelaron un importante narcolaboratorio.

Tras la acción, ocurrió un accidente vial en el que perdieron la vida dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. La filtración de que agentes extranjeros participaron de manera operativa en territorio mexicano, sin la autorización formal expresa del gobierno federal, generó un fuerte escándalo político y jurídico.

La versión de Maru Campos:

• Afirma que no tenía conocimiento preciso de que se tratara de agentes de la CIA.

• Defiende la cooperación habitual de inteligencia con Estados Unidos, práctica común durante décadas en la lucha contra el narcotráfico.

• Denuncia que el caso es una persecución política por parte de Morena, motivada por su perfil de oposición y sus resultados visibles en el combate al crimen organizado.

La posición del gobierno federal y la FGR:

• Se trata de una investigación de rutina por posibles violaciones a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

• Cualquier operación con agencias extranjeras debe canalizarse obligatoriamente a través de la Federación.

• Argumentan que permitir acciones unilaterales de agentes extranjeros compromete la soberanía nacional.

Maru Campos compareció recientemente ante la FGR y ha mantenido una postura firme, acusando un trato desigual.

El contraste con Rubén Rocha Moya

Uno de los argumentos más fuertes de Campos y la oposición es el trato diferencial. Mientras a la gobernadora panista se le investiga por un operativo contra narcolaboratorios, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (de Morena), enfrenta acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y protección a capos.

A pesar de la gravedad, el gobierno federal ha sido más cauteloso y ha calificado las imputaciones estadounidenses como intervencionistas.

Este contraste alimenta la percepción, en sectores opositores y analistas independientes, de un posible uso selectivo de las instituciones (lo que se conoce como lawfare).

¿Es desproporcionado el caso?

• Para Morena y el gobierno federal: No. La soberanía no se negocia. Dejar que agentes extranjeros actúen libremente abre peligrosos precedentes.

• Para la oposición y simpatizantes de Campos: Resulta exagerado y selectivo perseguir con fuerza a quien ataca laboratorios de fentanilo, mientras en otras entidades persisten altos niveles de violencia y cuestionamientos más graves.

El efecto inesperado: Maru Campos gana terreno nacional

Lejos de debilitarla, la presión federal ha tenido un efecto boomerang. La gobernadora ha ganado simpatías más allá de Chihuahua, especialmente en el norte del país y entre votantes de centro-derecha.

Su narrativa como “víctima de persecución por hacer su trabajo” ha resonado, incrementando su visibilidad nacional y consolidándola como un símbolo de resistencia para la oposición.

Encuestas recientes muestran que, a pesar de la controversia, mantiene niveles de aprobación aceptables en su estado.

Un dilema real para México

El fondo del asunto es complejo: México requiere una cooperación efectiva e inteligente con Estados Unidos para enfrentar un problema binacional como el narcotráfico y el fentanilo. Al mismo tiempo, las reglas de soberanía y el marco legal deben respetarse para evitar injerencias indebidas.

Lo más preocupante, más allá del caso específico, es la percepción de que la aplicación de la justicia depende del color político: mano dura contra la oposición y mayor tolerancia con aliados. Esa selectividad erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la polarización.

El caso sigue abierto y continuará marcando el debate nacional entre soberanía versus eficacia en seguridad. Mientras tanto, Maru Campos mantiene su postura: “Chihuahua no se detiene”.