Poder Judicial licita camiones y camionetas para sus empleados: adiós al estrés, robos y retrasos en el Metro

¿De qué se trata la licitación?

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) —el organismo que administra el Poder Judicial de la Federación en México, en sustitución del antiguo Consejo de la Judicatura Federal— lanzó la licitación pública OAJ/SEA/DGRM/ITP/003/2026. Se trata de contratar un servicio de transporte privado en camionetas y autobuses (con capacidad para 41 pasajeros, modelos con máximo 4 años de antigüedad) para trasladar a aproximadamente 110 trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México.

El servicio cubrirá cuatro rutas principales, tanto en horarios matutinos como vespertinos:

• De estaciones del Metro Viveros y Barranca del Muerto al edificio en Periférico Sur 2321.

• De Metro Universidad y Barranca del Muerto a Carretera Picacho Ajusco 170.

• De Metro General Anaya al Reclusorio Sur.

• De Antiguo Camino a Culhuacán 202 al Metro Constitución de 1917.

-

Los vehículos deberán tener sistema de GPS para monitoreo en tiempo real. Los conductores no podrán hablar con los pasajeros ni usar el celular, y los ascensos/descensos se harán solo en lugares seguros (con freno de mano y luces intermitentes encendidas).

-

El servicio, si se adjudica, comenzaría el 30 de marzo de 2026 y duraría hasta el 31 de diciembre de 2026. El fallo de la licitación se dará a conocer el 27 de marzo.

-

¿Por qué lo piden? (La justificación oficial)El OAJ explica en las bases de la licitación que el transporte público actual genera varios problemas para sus empleados, y este servicio busca solucionarlos directamente:

-

• Reducir el estrés: “Proveer un medio de transporte específico para personas servidoras públicas ayuda a simplificar sus trayectos diarios, reduciendo significativamente el estrés asociado con el desplazamiento hacia y desde el trabajo.”

• Mejorar la puntualidad: Con rutas y horarios fijos y confiables, los trabajadores llegarían a tiempo y con regularidad, evitando retrasos comunes en el Metro o camiones.

• Reducir riesgos de robos e inseguridad: Disminuir la exposición a las “condiciones de inseguridad” del transporte público (robos, asaltos, etc.).

• Otros beneficios:

  • Menor riesgo de accidentes de tráfico (al evitar que cada quien maneje su propio auto o use transporte público congestionado).

  • Ahorro económico para los empleados (no gastan en gasolina ni pasajes).

  • Cuidado del medio ambiente (transporte compartido reduce emisiones).

• -

En resumen, lo piden para mejorar las condiciones laborales de los empleados de base y administrativos: hacerles más fácil y seguro el día a día, que lleguen sin tanto desgaste y con menos preocupaciones.

No es para ministros ni altos funcionarios (que tienen otros esquemas de movilidad y seguridad), sino para trabajadores comunes que usan rutas del Metro y transporte público.

Este anuncio llega en un contexto donde el Poder Judicial ha tenido críticas por otros gastos en vehículos (como la compra de unidades para la cúpula), pero aquí se presenta como una medida práctica de apoyo al personal y eficiencia operativa.