Trump acelera deportaciones: ICE explora contratar "cazarrecompensas" privados para rastrear inmigrantes

En un movimiento que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y críticas de legisladores demócratas, la administración de Donald Trump está considerando externalizar parte de su ambicioso plan de deportaciones masivas a empresas privadas, conocidas como "cazarrecompensas" o bounty hunters.

Según documentos obtenidos por The Intercept, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca proveedores que localicen a inmigrantes indocumentados a cambio de pagos y bonificaciones, con el objetivo de superar las metas de un millón de expulsiones anuales.

El plan, revelado el 31 de octubre, contempla asignar "paquetes" de información sobre 10.000 inmigrantes por vez a estas compañías, con incrementos posibles hasta un millón de casos. Los contratistas verificarían direcciones residenciales o laborales, recopilarían datos como números telefónicos, información de vehículos y perfiles en redes sociales, e incluso entregarían documentos oficiales.

A cambio, recibirían compensaciones base más "bonos de desempeño" basados en la rapidez y efectividad de sus rastreos, lo que introduce un incentivo económico que podría priorizar la cantidad sobre la precisión.

Esta iniciativa surge ante el descontento de Trump con el ritmo actual de deportaciones: alrededor de 400.000 este año, con proyecciones de 600.000 al cierre del ejercicio fiscal, lejos del objetivo de "la mayor operación de deportación en la historia" prometida en campaña. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha respaldado la idea de involucrar al sector privado para "apoyar a las fuerzas del orden locales que arriesgan sus vidas", según un portavoz del DHS, aunque el departamento evitó confirmar detalles directos sobre "cazarrecompensas".

Orígenes en propuestas estatales y controversia nacional

La noción no es nueva en el contexto republicano. Desde enero de 2025, legisladores en estados rojos como Mississippi y Missouri han impulsado leyes para crear programas locales de "cazarrecompensas certificados".

En Mississippi, el republicano Justin Keen propuso un fondo que pagaría 1.000 dólares por cada deportación facilitada por agentes de fianzas o informantes anónimos, mientras que en Missouri, el senador David Gregory defendió una línea directa para denuncias con recompensas similares, argumentando que "los estados deben actuar donde el gobierno federal no llega lo suficientemente rápido".Estas medidas, inspiradas en la agenda de Trump, han enfrentado resistencia.

El representante demócrata Raja Krishnamoorthi, de Illinois, envió una carta a Noem expresando "graves preocupaciones" por el borrado de líneas entre autoridad federal y sector privado, advirtiendo que un sistema basado en cuotas y recompensas "inevitablemente generará errores, presiones para inflar números y falta de supervisión".

Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado la propuesta de "aterradora", comparándola con "patrullas de esclavos" y alertando sobre riesgos de perfilamiento racial y violaciones a derechos civiles.El plan federal parece inspirado en una propuesta de febrero de 2025 de contratistas militares, incluyendo a Erik Prince –ex-CEO de Blackwater y aliado de Trump–, quien abogó por un "equipo de rastreo" privado con bonos por captura. Aunque no se han adjudicado contratos aún, el documento de ICE invita a empresas a presentar propuestas, lo que podría materializarse en semanas si se aprueba el presupuesto.

Reacciones en redes y comunidades inmigrantes

En comunidades latinas, especialmente en California y Texas –donde residen el 42% de los indocumentados–, hay temor creciente: reportes de detenciones con agentes no identificados han confundido a algunos con cazarrecompensas, exacerbando el pánico.

Abogados de inmigración como Latoya Macbean Pompy, de Nueva York, advierten: "Esto es muy peligroso. Convertir la persecución en un negocio mercantiliza a las personas y socava el debido proceso".

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes estima que 11-14 millones de indocumentados podrían verse afectados, muchos con arraigo comunitario y contribuciones económicas.

¿Qué sigue?

Con protestas en ciudades como Los Ángeles y Chicago, y un plazo inminente para fondos contingentes en inmigración, el Congreso podría intervenir. Trump, fiel a su promesa de "proteger a los ciudadanos", insiste en que priorizará a "criminales, violadores y terroristas", pero el plan no distingue por antecedentes, abarcando a todos los indocumentados. Mientras el debate se calienta, una cosa es clara: esta externalización podría transformar la aplicación de la ley migratoria en un mercado de recompensas, con consecuencias impredecibles para millones.