Diputados aprueban prohibición total de vapeadores: hasta 8 años de cárcel por venderlos

– En un debate cargado de tensiones y protestas, la Cámara de Diputados aprobó este martes 9 de diciembre, en lo general, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta la producción, importación, distribución, venta y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el territorio mexicano. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca proteger la salud de la población, especialmente de niños y adolescentes, ante el alarmante aumento en el uso de estos productos entre jóvenes.

Sin embargo, la medida ha desatado críticas por su carácter "prohibicionista" y el riesgo de fomentar un mercado negro controlado por el crimen organizado.

¿De qué trata la prohibición?

La reforma, que ahora pasa a discusión en lo particular y al Senado para su aprobación final, representa un paso drástico en la regulación de estos dispositivos. Según el dictamen, se define a los vapeadores como "todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología que se utiliza para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas".

La prohibición no solo abarca los dispositivos en sí, sino toda la cadena de suministro:

• Producción y fabricación: Se veta la preparación, ensamblaje o elaboración de vapeadores y sus componentes.

• Comercio e importación: Prohibida la importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta al por mayor o menor.

• Publicidad y promoción: No se permite ningún tipo de marketing, ni en medios tradicionales ni digitales.

• Sustancias asociadas: Incluye la prohibición de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo ilícito, para cortar el flujo de aditivos tóxicos.

El objetivo principal es frenar el "creciente uso entre jóvenes", con estimaciones de que medio millón de adolescentes en México ya consumen estos productos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta medida, al reportar que el número global de usuarios se triplicó entre 2011 y 2021, alcanzando 82 millones de personas.

En México, ningún vapeador cuenta con autorización sanitaria de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), lo que los convierte en ilegales desde hace años, pero esta reforma eleva la restricción a nivel constitucional.

Además, la ley amplía facultades a la Secretaría de Salud para planificar infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de medicamentos y coordinar el Sistema Nacional de Salud, posicionando la prohibición como parte de una agenda más amplia de protección sanitaria.

Sanciones: ¿Quién va a prisión y por qué?

Las penas son severas, pero se aplican exclusivamente a la cadena comercial, no a los consumidores individuales. Morena, partido impulsor, presentó reservas para aclarar que "no se sancionará al consumidor personal", evitando la "criminalización" de usuarios privados. Las multas y cárcel se destinan a quienes lucren con estos productos:

Delito	Pena de prisión	Multa (en pesos)
Producción, importación o exportación con fines de lucro	1 a 8 años	Hasta 226,000 (2,000 veces la UMA diaria)
Distribución, venta o suministro comercial	1 a 6 años	Hasta 113,000 (1,000 veces la UMA)
Almacenamiento o transporte para comercio	6 meses a 4 años	Hasta 56,500 (500 veces la UMA)
Publicidad o promoción	3 meses a 2 años	Hasta 22,600 (200 veces la UMA)

Estas sanciones se inscriben en el Código Penal Federal y buscan desincentivar el mercado formal e informal. Sin embargo, legisladores de oposición como Iraís Reyes (Movimiento Ciudadano) y Verónica Pérez (PAN) protestaron en tribuna usando vapeadores, acusando a los oficialistas de "hipocresía" y advirtiendo que la ley podría "abrir la puerta a extorsiones" por parte de autoridades o grupos criminales.

Razones de salud: Los daños que motivan la prohibición

Los vapeadores no son "inofensivos", como se promocionan. Estudios de la OMS y la Secretaría de Salud destacan riesgos graves, especialmente para pulmones en desarrollo:

• Adicción a la nicotina: Muchos contienen niveles altos, duplicando el riesgo en adolescentes comparado con adultos.

• Partículas tóxicas: El "vapor" incluye metales pesados (como plomo y níquel), formaldehído y compuestos cancerígenos, causando inflamación pulmonar y enfermedades respiratorias crónicas.

• Efectos cardiovasculares: Aumentan el riesgo de infartos y arritmias al dañar vasos sanguíneos.

• Exposición a drogas: Fácil adición de sustancias como THC o fentanilo, exacerbando la crisis de opioides en México.

• Impacto en jóvenes: En México, el consumo adolescente es casi el doble que en adultos, con un "efecto puerta de entrada" al tabaquismo tradicional.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que "la salud pública está por encima de intereses comerciales", citando que estos dispositivos no ayudan a dejar de fumar, sino que crean nuevas adicciones.

¿Una medida efectiva o contraproducente?

La aprobación se dio con 293 votos a favor (mayoría de Morena-PT-PVEM) y 263 en contra (PAN-PRI-MC), en un pleno marcado por gritos y mociones suspensivas. Opositores argumentan que la prohibición absoluta es "autoritaria" y podría:

• Fomentar el mercado negro: Similar a lo ocurrido con cigarrillos ilegales, expertos advierten un "regalo al crimen organizado", con productos adulterados más peligrosos.

• Violaciones a derechos: Podría chocar con el derecho a la salud y la libertad personal, abriendo amparos ante la Suprema Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• Falta de regulación: En lugar de vetar, proponen controles como en la UE, donde se regulan sabores y emisiones.

Organizaciones como "México y el Mundo Vapeando" defienden su uso terapéutico para fumadores adultos, pero la mayoría oficialista insiste en que "no hay evidencia científica de beneficios".

¿Qué sigue?

El dictamen regresa a comisiones para ajustes en lo particular y se turna al Senado, donde podría aprobarse antes de fin de año. Una vez ley, entraría en vigor inmediata, con campañas de destrucción de inventarios y operativos de la Cofepris. Este caso resalta el dilema entre protección sanitaria y libertades individuales en México, donde el tabaquismo ya causa 72,000 muertes anuales. La discusión en el Senado promete ser igual de intensa, con posibles enmiendas para equilibrar la prohibición.