¿El gobierno usará tus ahorros de retiro para construir carreteras y trenes? Así quedó la nueva Ley de Infraestructura

El Senado de la República aprobó este 7 de abril de 2026, con 84 votos a favor y 28 en contra, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La ley ya había sido avalada por la Cámara de Diputados y ahora solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

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¿Cómo quedó la reforma?

La ley crea un marco legal para la inversión mixta (público-privada-social) en proyectos estratégicos de infraestructura. Permite que las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) inviertan una parte mayor de sus recursos en estos proyectos a través de instrumentos financieros como CKDs, CERPIs e instrumentos estructurados (fideicomisos o vehículos de propósito específico).

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• Actualmente, las Afores invierten alrededor del 7.5% a 9% de sus activos en infraestructura (aproximadamente 650 mil millones de pesos de un total superior a 8.6 billones de pesos).

• La reforma y cambios regulatorios previos (de la CONSAR) elevan el límite de inversión en instrumentos estructurados hasta el 30% de los activos totales de las Afores.

• Se priorizan proyectos en sectores como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

• El gobierno estima que esta ley ayudará a movilizar hasta 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 (2% adicional del PIB en 2026), con una combinación de recursos públicos (54%) y privados/institucionales (46%).

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La idea es que las Afores compren bonos, certificados o participaciones en fideicomisos que financien obras específicas, sin que el gobierno tenga que endeudarse directamente ni registrar todo como deuda pública.

¿Por qué usan el dinero de las Afores? 

¿Es dinero de alguien?Sí, es dinero de los trabajadores. Las Afores administran los ahorros para el retiro de más de 73 millones de mexicanos. Cada mes, las empresas y los trabajadores aportan a estas cuentas (cuotas obrero-patronales + aportaciones voluntarias).

Ese dinero no es del gobierno: pertenece a los trabajadores y su objetivo principal es generar rendimientos para pagar mejores pensiones en el futuro.

El gobierno argumenta que:

• Invertir en infraestructura genera retornos atractivos a largo plazo (las Afores ya invierten una parte en este rubro y obtienen ganancias).

• Ayuda a reactivar el crecimiento económico, crear empleos y mejorar la infraestructura del país.

• Es una inversión diversificada, no un “préstamo” directo al gobierno sin garantías.

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Críticas y riesgos (lo negativo)La oposición (PAN, PRI y otros) y analistas señalan varios problemas:

• Riesgo para las pensiones: Si los proyectos fallan, tienen sobrecostos o baja rentabilidad (como ha ocurrido con algunas megaobras), los rendimientos de las Afores bajan y, en el peor caso, se afecta el ahorro de los trabajadores. “Si el proyecto sale mal, pierden los ahorradores, no el gobierno”, advierten.

• Sin autorización directa de los trabajadores: Las Afores deciden las inversiones (bajo reglas de la CONSAR), pero los dueños del dinero no votan ni aprueban proyecto por proyecto.

• Posible opacidad y “licencia para robar”: La oposición habla de falta de transparencia, posibles sobrecostos y que se usen los ahorros para financiar “elefantes blancos”.

• Aumento indirecto de la deuda: Aunque no se registre como deuda pública, se crean pasivos contingentes que podrían presionar las finanzas públicas en el futuro.

En resumen:La reforma no permite que el gobierno “tome” directamente el dinero de las Afores para gastarlo como quiera. Lo que hace es facilitar que las Afores inviertan más (hasta 30%) en proyectos de infraestructura a través de instrumentos financieros regulados, buscando que el ahorro de los trabajadores financie el desarrollo del país a cambio de rendimientos.

El gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión responsable. Los críticos lo ven como una forma de usar los ahorros de los trabajadores para financiar obras que el presupuesto público no alcanza.