SCJN avala facultades de la UIF para congelar cuentas sin juez previo; Sheinbaum reporta 5 mil mdp inmovilizados

En la conferencia matutina del 8 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial previa.

Esta defensa llegó días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara, el 6 de abril de 2026, dicha atribución por mayoría de 6 votos contra 3, confirmando la constitucionalidad de la reforma de 2022 a la Ley de Instituciones de Crédito.

Sheinbaum aseguró textualmente: “Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no esté dentro de la ley.

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Nada discrecional o que tenga que ver con persecución política”. Reveló que, desde octubre de 2024 (inicio de su gobierno), la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con lavado de dinero y empresas factureras.

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“Nadie se ha quejado”, comentó con ironía, y ofreció que la dependencia puede informar públicamente sobre los grupos delictivos afectados y el impacto en la disminución de delitos.

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La SCJN clasificó el bloqueo como una medida administrativa y preventiva (no penal), basada en “indicios razonables” de operaciones ilícitas como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o delincuencia organizada. Esta acción no implica declaración de culpabilidad y garantiza el derecho de audiencia y defensa posterior.

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Con esta resolución, la Corte modificó jurisprudencias anteriores que limitaban los bloqueos únicamente a solicitudes explícitas de autoridades extranjeras, argumentando que ello obstaculizaba la soberanía mexicana y el cumplimiento de compromisos internacionales (GAFI y Convención de Palermo, entre otros).

Aspectos positivos (eficacia de la medida)

• Acción rápida y preventiva: Permite congelar recursos de inmediato para impedir que dinero de procedencia ilícita circule en la economía, protegiendo el sistema financiero nacional. Se considera una herramienta clave contra el crimen organizado, huachicol, factureras y corrupción, sin depender exclusivamente de peticiones internacionales.

• Resultados bajo el actual gobierno: Los 5 mil millones de pesos inmovilizados en seis meses se presentan como un avance concreto. Sheinbaum destacó la ausencia de quejas formales y que los recursos están vinculados a actividades delictivas, lo que contribuiría a reducir delitos asociados.

• Cumplimiento internacional: Fortalece el apego de México a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Históricamente, la UIF ha bloqueado miles de millones de pesos, con denuncias posteriores ante la Fiscalía General de la República (FGR).

• Carácter temporal: No se trata de una sanción definitiva. Los afectados pueden presentar pruebas y, en su caso, recuperar los recursos a través de amparo, resolución de la UIF o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se prioriza la protección del interés colectivo frente a trámites judiciales lentos.

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Críticas y aspectos negativos

• Riesgos al debido proceso: Ministros en contra (como Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero) y diversos analistas advirtieron que se trata de una “práctica penal sin garantías”. El bloqueo se basa solo en “indicios” y no en pruebas plenas, puede prolongarse por tiempo indefinido y afecta el derecho de propiedad antes de un juicio. Un ministro lo describió como “privación de la propiedad por mera sospecha”.

• Posible discrecionalidad y abuso: La oposición (PAN, PRI) y columnistas de Reforma lo califican como una facultad excesiva que abre la puerta a persecuciones políticas o errores administrativos. Cualquiera podría verse afectado por homonimias, fallas de inteligencia o motivaciones políticas, generando daños temporales graves a empresas o familias.

• Alta tasa de liberaciones históricas: Entre 2018 y 2025, de alrededor de 32 mil millones de pesos bloqueados, se liberaron entre el 80% y 87% mediante resoluciones judiciales (más de 23 mil mdp solo por amparos). Esto indica que muchos bloqueos iniciales fueron impugnados con éxito, causando costos económicos innecesarios a personas o empresas inocentes.

• Impacto económico: Aunque el bloqueo es temporal, paraliza operaciones, nóminas y pagos, lo que en algunos casos puede provocar quiebras o daños irreversibles incluso si el dinero se libera después.

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En resumen, el gobierno defiende la medida como un instrumento efectivo para combatir el lavado de dinero y fortalecer la seguridad financiera, mientras que sus críticos la ven como un fortalecimiento del “Estado invasivo” que debilita garantías constitucionales básicas. La UIF insiste en que los bloqueos no son arbitrarios y cuentan con mecanismos de revisión.