Industria de refrescos se resiste al impuesto saludable: Esto ofrecen al Gobierno

¿Qué está pasando?

El gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha propuesto un aumento drástico del 87% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas y saborizadas, como los refrescos.

 Esta medida forma parte de la estrategia del Paquete Económico 2026, presentado en septiembre de 2025, con el objetivo de fomentar un estilo de vida más saludable al desincentivar el consumo excesivo de azúcares y reducir problemas como la obesidad y la diabetes, que afectan a millones de mexicanos. La cuota del IEPS pasaría de 1.64 pesos por litro (vigente en 2025) a 3.08 pesos por litro a partir de 2026, lo que representaría casi un duplicar del impuesto.

Según proyecciones del gobierno, esto generaría ingresos adicionales de más de 75,000 millones de pesos (un 73.8% más que en 2025), destinados principalmente a salud pública. Sin embargo, la industria refresquera, representada por la Asociación Nacional de Bebidas (ANDB —antes MexBeb), ha calificado la propuesta como "altamente agresiva" y advierte que no reducirá el consumo, sino que golpearía el bolsillo de los consumidores de bajos ingresos, encareciendo la canasta básica en hasta 15-20%.

El alza podría traducirse en incrementos de precios de hasta 3 pesos por litro en refrescos y jugos, afectando a más de 400,000 pequeños comercios (como tienditas de barrio, donde los refrescos representan el 30% de las ventas) y poniendo en riesgo hasta 150,000 empleos en la cadena productiva. A pesar de campañas previas contra las bebidas azucaradas (como su retiro de escuelas), las ventas de la industria han crecido un 4.3% anual en valor en los últimos siete años, según datos del INEGI. Críticos como el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, han alertado que esto podría acelerar la inflación general.

La propuesta ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se votará en el pleno esta semana (alrededor del 15-16 de octubre de 2025). Si se ratifica, entraría en vigor en enero de 2026, junto con otros ajustes al IEPS en cigarros, alcohol y combustibles.

¿Cuál es la propuesta de la industria?

Los refresqueros se "juegan su última carta" con una contra-propuesta enviada al gobierno federal en los últimos días, como parte de un intenso cabildeo para mitigar o eliminar el alza. Según reportes recientes, ANDB y otras asociaciones proponen:

• Reemplazar el IEPS por incentivos a la industria: En lugar de un impuesto punitivo, sugieren subsidios o créditos fiscales para que las empresas inviertan en fórmulas bajas en azúcar, envases reciclables y campañas educativas sobre nutrición. Argumentan que esto generaría un impacto real en la salud sin afectar la economía.

• Fondo dedicado a salud y agua potable: Destinar el 100% de lo recaudado por IEPS actual (no el nuevo) exclusivamente a programas de acceso a agua potable en comunidades vulnerables y prevención de enfermedades, en lugar de usarlo para gasto general o programas sociales. Esto respondería a críticas sobre el limitado acceso al agua en México, que indirectamente impulsa el consumo de refrescos baratos.

• Estudio de impacto gradual: Implementar el aumento de forma escalonada (por ejemplo, 20-30% anual durante 3 años) y con un análisis independiente de su efectividad en reducir el consumo, basado en datos de salud pública. Insisten en que el alza actual no ha funcionado en años previos y solo recauda sin cambiar hábitos.

• Diálogo multipartita: Abrir mesas de negociación con el Congreso, Secretaría de Salud y Hacienda para incluir a expertos en nutrición y economía, evitando una decisión unilateral.

La industria enfatiza que ya pagan una carga fiscal del 30% en total (incluyendo IVA e IEPS) y que el nuevo impuesto tendría un "efecto recesivo", limitando el crecimiento y el poder adquisitivo de los hogares. Fuentes cercanas indican que esta "última carta" busca presionar antes de la votación final, pero el gobierno parece firme en su postura "saludable". Si no prospera, las empresas amenazan con absorber parte del costo inicialmente para no perder mercado, aunque advierten despidos y cierres de tiendas.

Este debate resalta la tensión entre salud pública y economía: ¿impuestos como herramienta efectiva o golpe a los más vulnerables?